martes, 9 de julio de 2013

DESNATURALIZADOS POR LA COLZA. EL SÍNDROME DE ACEITE TÓXICO EN LA ESPAÑA DE 1981

Considerada la mayor intoxicación masiva documentada en España, el “síndrome de aceite tóxico”, más de 30 años después de su detección en Mayo de 1981, mantiene secuelas visibles en miles de consumidores del letal veneno. Con un balance de más de 1000 fallecidos (más de 5000 para el colectivo de afectados) y 25000 intoxicados de los cuales 17000 presentan a día de hoy lesiones irreversibles, el caso acaparó la atención mundial y sembró el desconcierto y el miedo entre todos los españoles.


El aceite de colza procedente de Francia (donde años más tarde regresaron los últimos 440.000 litros incautados para su destrucción), desnaturalizado con anilina para uso industrial, y posteriormente re-naturalizado en España mediante extracción de la anilina a altas temperaturas (originándose en dicho proceso tóxicos como las anilidas); y su venta como aceite de oliva a bajo precio en mercadillos y comercios ambulantes de los barrios obreros de media España, fue la causa oficial confirmada 50 días más tarde y ratificada en numerosas ocasiones a posteriori por las autoridades sanitarias y organismos oficiales.

La primera víctima del síndrome tóxico, el niño Jaime Vaquera García, falleció en la ambulancia que lo trasladaba camino al hospital el 1 de mayo de 1981, cuando las salas de urgencias ya se encontraban saturadas de enfermos que manifestaban síntomas comunes de infección vírica desconocida y neumonía atípica agua asociada.

Posteriormente los problemas respiratorios graves derivaron en tromboembolismo, hipertensión pulmonar, fuertes dolores musculares, insomnio y calambres para acabar causando daño hepático; síntomas todos, acusados de forma irreversible por miles de supervivientes al tóxico ingerido.

El juicio que comenzó en 1987, concluyó 16 años después cuando el Tribunal Supremo declaró al Estado responsable civil subsidiaro ordenando el pago de 2.374 millones de € a los afectados en vida con graves incapacidades (300.000 €) y herederos de fallecidos (90.151 €) y a los que se descontó previo pago, las cantidades correspondientes entregadas en concepto de adelanto, por la atención sanitaria recibida.

15 condenados, en su mayoría operadores y comerciantes de aceite de oliva, de los cuales sólo tres permanecen en la cárcel, fue junto con las mencionadas indemnizaciones, el balance de una sentencia que se demoró más de 22 años ante las continuas protestas de un colectivo de afectados mermados físicamente pero anímicamente dispuestos a llevar la aplicación de la justicia hasta las últimas consecuencias.

Muchas son las teorías, algunas de ellas conspirativas, que se pronunciaron en contra del vector oficial de transmisión del tóxico, algunas de ellas con cierto rigor científico y dignas cuando menos de ser analizadas.

La más significativa y avalada entre otros por el catedrático de medicina legal de la Universidad de Sevilla Luis Frontela y el médico militar Teniente Coronel Luis Sánchez Monje Montero, es sin duda es la que asegura que el tóxico se transmitió a través de una partida de tomates cultivados en Roquetas de Mar (Almería) y tratados con pesticidas organofosforados de curso ilegal en España.

Otras teorías entonces descartadas fueron:
  • Metales pesados (cadmio) procedentes de los contenedores del aceite
  • Aflatoxinas producidas por un hongo que se desarrolla en la colza.
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